Sebastián Pardo: “Algunos medios nacionales pretenden instalar una realidad que en Corrientes no existe”

El abogado y secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno correntino cuestionó el tratamiento informativo de algunos medios nacionales sobre hechos criminales ocurridos en la provincia. Defendió la actuación de las instituciones provinciales y advirtió sobre la utilización política de situaciones que provocan un profundo dolor en la sociedad.

Es innegable la sensibilidad que provoca en todos nosotros la pérdida de una vida humana a manos de otra persona. Tanto el homicidio como el femicidio representan algunas de las manifestaciones más crueles de la conducta humana. Es, en definitiva, la eterna lucha del bien contra el mal, presente desde los comienzos mismos de la civilización.

El caso de Nancy nos duele en el alma, como tantos otros hechos que son consecuencia de la maldad y la crueldad humana. Frente a semejantes acontecimientos no puede haber especulaciones ni concesiones. La Justicia debe avanzar hasta las últimas consecuencias para que los autores, coautores, partícipes e instigadores, en caso de comprobarse sus responsabilidades, reciban las condenas que correspondan conforme a la ley.

Sin embargo, una cosa es reclamar justicia y otra muy distinta es aprovechar el dolor de una sociedad para desarrollar operaciones políticas nefastas.

En la provincia correntina estamos observando cómo determinados medios nacionales pretenden instalar una realidad que sencillamente no existe. Buscan presentar a nuestra provincia como un territorio donde reina la impunidad, desconociendo deliberadamente el funcionamiento de las instituciones y las actuaciones judiciales desarrolladas.

El Gobierno de Corrientes y el Ministerio de Seguridad han actuado con responsabilidad y compromiso frente a estos acontecimientos. La Policía intervino, el Ministerio Público Fiscal impulsó las investigaciones y los órganos judiciales competentes desarrollaron sus respectivas funciones.

En los casos que algunos medios vienen mencionando, existen actuaciones procesales concretas, investigaciones avanzadas, personas individualizadas como posibles responsables y elementos probatorios incorporados a las causas. Todo ello permite avanzar hacia las instancias judiciales correspondientes, sin perjuicio de las garantías constitucionales y de la presunción de inocencia.

No debe confundirse la existencia de un crimen con la existencia de impunidad. Son conceptos absolutamente diferentes. La comisión de un delito no significa, por sí misma, que el Estado haya fracasado en su obligación de investigar, perseguir penalmente y procurar el juzgamiento de sus responsables.

Pareciera necesario recordarles a algunos comunicadores que Corrientes se encuentra entre las provincias que registran menores niveles de criminalidad del país, conforme a los indicadores que deben analizarse para realizar comparaciones serias.

Resulta llamativo, además, el tratamiento desigual que reciben determinados acontecimientos según el lugar donde ocurren.

Se escandalizan por los delitos cometidos en Corrientes, pero no siempre observamos la misma intensidad informativa frente a la inseguridad que padecen numerosos habitantes de La Matanza, Florencio Varela, Quilmes o Avellaneda, en el conurbano bonaerense.

Tengo amigos que viven en esas localidades y me relatan situaciones verdaderamente preocupantes: familias que modifican sus hábitos, personas que evitan circular durante determinadas horas y vecinos que sienten la necesidad de encerrarse temprano en sus hogares por temor a ser víctimas de delitos.

Basta recordar el estremecedor triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde tres jóvenes fueron víctimas de una violencia aberrante, en un caso que conmocionó a toda la Argentina y puso en evidencia la brutalidad que pueden alcanzar determinadas organizaciones criminales.

Ahora bien, quiero ser absolutamente claro: con esta comparación no pretendo responsabilizar al gobernador de la provincia de Buenos Aires por cada delito que ocurre en su territorio.

Sería intelectualmente deshonesto hacerlo.

La criminalidad es un fenómeno complejo, multicausal, que involucra factores sociales, económicos, culturales, familiares, educativos e institucionales. Pretender explicar cada homicidio exclusivamente a partir de la gestión de un gobernador constituye una simplificación absurda, que desconoce los principios más elementales de la criminología y de la política criminal.

Ese mismo criterio debe aplicarse a Corrientes.

La crítica periodística es legítima, necesaria y constituye una expresión fundamental de la libertad de prensa. Nadie pretende silenciarla ni impedir que se investiguen posibles errores, omisiones o responsabilidades de los funcionarios públicos.

Pero el ejercicio responsable del periodismo exige distinguir entre hechos comprobados, hipótesis, opiniones y especulaciones políticas.

Corrientes no es una provincia donde reina la impunidad. Es una provincia con instituciones que funcionan, con una Policía que investiga, fiscales que impulsan la acción penal y jueces que deben resolver conforme a derecho.

Las víctimas merecen respeto, sus familias merecen respuestas y la sociedad merece conocer la verdad.

No necesitan que su sufrimiento sea convertido en una herramienta de confrontación política.

Los crímenes deben investigarse, los responsables deben ser juzgados y las instituciones deben responder. Pero las tragedias humanas jamás deberían convertirse en instrumentos de especulación política.