Se confirmó que la Justicia de los EEUU investiga a “Chiqui” Tapia y a otros dirigentes de la AFA

Un tribunal de Florida realizó citaciones. Además, exigió comunicaciones con Tapia, Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni
La Justicia de los Estados Unidos avanza en una investigación sobre la estructura financiera de la AFA en el exterior.
Según documentos judiciales a los que accedió este medio, la Corte del distrito sur de Florida cursó citaciones a allegados al presidente de la AFA para que se presenten a declarar el próximo 30 de julio y aporten toda la información disponible que poseen relacionada a la compañía Tourprodenter, incluidas comunicaciones con el propio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni
Esta mañana circuló una versión publicada por este medio que indicaba que Tapia había vivido un momento incómodo el lunes pasado, en el aeropuerto JFK de Nueva York, antes de emprender el regreso con la Selección, frente a agentes del FBI que le habrían solicitado que entregara teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos.
La AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, negó la información. “Es rotundamente falso”, indicó el letrado y agregó: “Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”. En el escrito, la Asociación del Fútbol Argentino precisa que la “la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”. A su vez, AFA asegura que Claudio Tapia y Pablo Toviggino no han sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos hasta el momento.
Más tarde, el propio Tapia publicó un mensaje dirigido “a todos los argentinos” en donde rechazó las teorías conspirativas que circularon en redes sociales sobre la final de la Copa del Mundo y criticó “las operaciones que buscan desestabilizar”.
Las citaciones cursadas para la próxima semana confirman que se conformó un gran jurado en los Estados Unidos para investigar los negocios financieros de la sociedad que administra los acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión en el exterior.
El escándalo y una declaración clave
La investigación comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.

La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.
Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos.
El material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Esa documentación dejó de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenzó a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal.

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