Sacaron a la Argentina de la lista de países que no respetan la propiedad intelectual

Tras más de una década bajo observación prioritaria, EE.UU. reconoció los avances del país en materia de protección de propiedad intelectual y lo retiró de la Priority Watch List, aunque reiteró el pedido de reforzar los operativos contra la piratería

Por primera vez en más de una década y en el marco del acuerdo comercial, Estados Unidos excluyó a la Argentina de la Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria), la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual, y fue trasladada a la Watch List (Lista de Vigilancia). El país figuraba en la “lista negra” desde hace más de 10 años y acumulaba observaciones durante tres décadas por distorsiones en el comercio provocadas por la falta de respeto a los derechos de autor y patentes.
La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones en febrero de 2026, por el cual el gobierno argentino asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual. El documento oficial de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. destaca que el ARTI “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. Entre los compromisos, el país se obligó a avanzar en tratados internacionales clave.
Bajo la perspectiva de la Oficina, la Argentina derogó limitaciones “excesivamente amplias” sobre la materia patentable, las cuales incluían directrices de examen de patentes que rechazaban automáticamente solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que “son elegibles para patente en otras jurisdicciones y exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial”.
El informe detalla una serie de medidas adoptadas por el país para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, elabora informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos en el proceso de concesión de patentes. Además, fortalece la aplicación penal mediante “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”.

El acuerdo prevé también dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas, establecer un organismo de coordinación para la aplicación de propiedad intelectual y modificar la legislación local para apoyar acciones civiles efectivas, incluso habilitando medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.