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Malvinas: el Gobierno espera un fallo favorable en el Tribunal del Derecho del Mar y prepara más sanciones contra petroleras
El Gobierno se muestra optimista respecto a sus posibilidades de conseguir una resolución favorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en su reclamo contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
En la Casa Rosada transmiten confianza en los argumentos presentados y aseguran que mantendrán la ofensiva jurídica independientemente del resultado de las audiencias previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La expectativa es que los jueces se pronuncien durante las semanas posteriores.
“Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados”, expresan desde el Ejecutivo sobre la instancia internacional. En Balcarce 50 consideran que el procedimiento representa una oportunidad para intentar frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion antes de que comience su etapa de explotación. La evaluación oficial es que el planteo argentino tiene fundamentos suficientes para obtener medidas provisionales, aunque reconocen que la decisión final dependerá de los magistrados.
El optimismo no implica que el Gobierno espere una resolución inmediata después de las exposiciones. En Nación admiten que el Tribunal del Mar suele tomarse varias semanas para dictar sus órdenes y que todavía no existe una fecha precisa para conocer el resultado. Las estimaciones internas ubican esa posibilidad entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, por lo que el pronunciamiento podría llegar durante la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre.
Los antecedentes que siguen en el Gobierno
El antecedente más relevante es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana durante 2012. La Argentina solicitó entonces medidas provisionales el 14 de noviembre, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30 de ese mes y ordenaron liberar el buque el 15 de diciembre. La decisión se conoció quince días después de las audiencias, aunque en el Gobierno aclaran que ese precedente no establece un plazo obligatorio para el procedimiento actual.
En el entorno presidencial también transmiten que la estrategia no terminará si el tribunal rechaza la solicitud. La intención es agotar todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles y mantener el reclamo contra las actividades británicas en los espacios marítimos disputados. En el Ejecutivo consideran que cualquier resultado deberá analizarse en función de su alcance concreto, sin dar por concluida la controversia de fondo.
La Argentina inició el 28 de septiembre un arbitraje internacional contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Después, el 13 de octubre, solicitó medidas provisionales ante el tribunal de Hamburgo para evitar que las actividades hidrocarburíferas avanzaran mientras se constituye el órgano arbitral. El pedido busca impedir que se consolide una situación irreversible antes de que exista una decisión sobre la controversia principal.
El planteo se concentra en Sea Lion, un desarrollo impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. En la Casa Rosada sostienen que la proximidad de esas operaciones justifica una intervención urgente para proteger los derechos que reclama la Argentina sobre los recursos del suelo y subsuelo marítimos.
El Tribunal del Mar deberá evaluar si existen fundamentos suficientes para adoptar medidas provisionales y si se cumplen las condiciones de urgencia previstas por la Convención. El procedimiento no tiene por objeto resolver la soberanía territorial de las Islas Malvinas, sino determinar si corresponde preservar derechos mientras continúa el arbitraje. La Argentina pretende que los jueces ordenen impedir nuevas actividades de explotación y decisiones que puedan agravar la controversia, además de exigir la protección del medio marino.
En el Gobierno contemplan todas las opciones: que el tribunal acepte todos los pedidos, que conceda solamente algunas medidas o directamente que rechace la solicitud. Sin embargo, la Casa Rosada confía en obtener una decisión favorable, pero reconoce que una resolución parcial también podría imponer obligaciones al Reino Unido. Si los jueces no hacen lugar al planteo, la Argentina podrá continuar el arbitraje y evaluar una nueva presentación cautelar ante ese tribunal una vez constituido.
La defensa argentina estará encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, junto con representantes de la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro. Entre los integrantes figuran Mario Oyarzábal, Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla y Betina Pasquali de Fonseca. También participarán especialistas internacionales, entre ellos Marcelo Kohen, que intervino en el caso de la Fragata ARA Libertad, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
La estrategia oficial también comprende actuaciones administrativas y penales contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas. El Gobierno anunció más de 180 notas de desaliento dirigidas a empresas y proveedores y abrió procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas. Sin embargo, las nuevas penalidades definitivas todavía no fueron aplicadas, según reconocen en la Casa Rosada.
En Balcarce 50 explican que las actuaciones se mantienen bajo la responsabilidad de la Secretaría de Malvinas de Cancillería, en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica. La decisión de fondo es continuar los procedimientos existentes, pero dar prioridad a la aprobación de una ley que permita imponer sanciones más duras. En el Ejecutivo consideran que las herramientas actualmente disponibles son insuficientes para alcanzar a todos los actores económicos que intervienen en las actividades cuestionadas.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional obtuvo dictamen en Diputados, pero todavía enfrenta diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques aliados. Además de ampliar las penalidades contra empresas y proveedores, la iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La discusión sobre sus atribuciones y los mecanismos de control parlamentario sigue abierta, aunque cerca de Milei mantienen la decisión de impulsar el texto.
La ofensiva también incluye el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur. En el Ejecutivo aseguran que continuarán financiando el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que consideran parte de la infraestructura necesaria para ampliar las capacidades logísticas y operativas vinculadas con la Antártida y los espacios marítimos australes. La decisión forma parte de una estrategia de largo plazo que el Gobierno pretende sostener independientemente del resultado del litigio.
La Casa Rosada busca así combinar el procedimiento judicial de Hamburgo con nuevas herramientas legislativas, actuaciones administrativas y una presencia estatal más amplia en el Atlántico Sur. En el Gobierno mantienen la confianza en conseguir medidas que frenen el avance de Sea Lion, aunque admiten que los jueces pueden demorar varias semanas y que el resultado no está garantizado. La decisión política es sostener el reclamo por Malvinas hasta agotar las instancias legales disponibles, aun si la primera resolución no satisface todos los pedidos argentinos.