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La Justicia ordenó que Lázaro Báez sea trasladado a una cárcel común
Lázaro Báez ya estaba cumpliendo una pena en otra causa por lavado de activos pero bajo el régimen de prisión domiciliaria en su casa de Santa Cruz.
«Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas», concluyeron los jueces.
El pedido de detención inmediata había sido presentado por el fiscal Abel Córdoba luego que la Corte dejó firme su condena a diez años de prisión en la «ruta del dinero K».
Según los cómputos de la Justicia, al empresario patagónico le restan cumplir un total de seis años, tres meses y veintidós días de detención.
De hecho, el máximo tribunal también confirmó ayer otra condena a seis años de cárcel para Báez en la causa Vialidad.
Cristina Kirchner ya está inhabilitada a ser candidata
Luego de la ratificación de la Corte Suprema, la Cámara Nacional Electoral fue formalmente informada sobre la aplicación de la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos que recae desde ayer sobre Cristina Kirchner, junto con otros exfuncionarios. La decisión fue comunicada en el marco de la Causa Vialidad.
En detalle, la comunicación llegó mediante un oficio enviado por Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, quien comunicó a la Cámara los detalles del fallo emitido el 6 de diciembre de 2022 al finalizar el juicio oral, que recientemente quedó firme tras la decisión del máximo tribunal.
“Este tribunal dispuso -en lo que aquí interesa- la imposición de la pena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, indica el documento remitido por el tribunal.
En la causa, la ex presidenta fue condenada por ser considerada “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.