El Gobierno evalúa renovar 50 mil contratos que pretendía dar de baja

En los últimos días, en la Casa Rosada tomó fuerza la posibilidad de esperar hasta una nueva revisión de la planta oficial en septiembre para definir si se desvincula o no a un grupo de trabajadores.

En una marcha atrás de las decisiones previamente anunciadas, el Gobierno Nacional está considerando renovar 50 mil contratos estatales que se había planeado eliminar. La decisión final se tomará en septiembre, después de una nueva revisión de la planta oficial.

En marzo, el presidente Javier Milei anunció públicamente el despido de 72.000 empleados estatales. Hasta el momento, el Gobierno dio de baja a 23.000 contratos, pero hay crecientes dudas sobre la viabilidad de continuar con estos recortes. “No hay más margen para recortar”, comentó un ministro del Ejecutivo.

Un funcionario cercano al presidente explicó: “El problema no es la cantidad de personas en la función pública, sino las atribuciones que tienen sobre la vida de la gente. Queremos que dejen de regular actividades”. Estas declaraciones reflejan una división en la Casa Rosada sobre la reducción de puestos de trabajo de los 49.000 empleados restantes.

A pesar de la intención inicial de reducir más contratos, solo se discontinuaron alrededor de 5.000 en junio. Se decidió esperar hasta septiembre para una nueva revisión de los contratos de los ministerios, secretarías y organismos descentralizados, que se revisan trimestralmente.

La presión interna y externa influyó en esta reconsideración. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó medidas de fuerza en oposición a los recortes, especialmente contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está ahora a cargo de los contratados estatales. Sturzenegger anunció un plan de examen de ingreso anónimo para futuros trabajadores del sector público y está trabajando en un decreto para eliminar 60 organismos.

En el Gabinete, hay incertidumbre sobre la dirección que tomará Sturzenegger. Algunos ministros, como Sandra Pettovello de Capital Humano y Luis Caputo de Economía, ya implementaron recortes, con más de 5.000 y 3.300 contratos dados de baja, respectivamente.

Para mitigar el impacto de estas decisiones, el Gobierno incluyó en la Ley Bases un marco normativo que ofrece un año con goce de sueldo a los trabajadores de organismos eliminados o unificados, y una indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio en caso de despido.

Esta política de reducción no incluye el número de contratados, sino que se aplica a los trabajadores de planta permanente. Además, el Gobierno busca alcanzar las bajas estatales propuestas a través de la privatización de empresas públicas.