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El Gobierno derogó normas que obligaban a empresas brindar información
Las normas derogadas estaban vinculadas al control de precios, el abastecimiento y requerimientos de información o cumplimiento por parte de las empresas.
La Resolución 65/1990 obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación. También exigía presentar datos de sus cinco clientes principales.
La Resolución 62/2013 disponía que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) originados debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción.
En tanto, la Resolución 176/2014 obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio. Además, debían informar los precios de todos los servicios incluidos.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno asegura que se esta manera se avanza en la «desburocratización y simplificación» del Estado. También señalaron que la información que se solicitaba «no se utilizaba para ningún fin razonable, no tenían utilidad para el desarrollo de políticas públicas y significaban un costo adicional de recursos para las empresas».
Estas medidas, señalaron desde el Gobierno «impulsaban un rol estatal intervencionista». «La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa. Las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado», explicaron.