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Divorcio express: en qué consiste la iniciativa sin intervención de la Justicia que impulsa el Gobierno

Publicado el: 16 octubre de 2024

La gestión libertaria presentó un proyecto para modificar el Código Civil con la intención de desligar los juzgados de familia de su rol en los matrimonios legales.

El diccionario de la Real Academia Española define como «hojarasca» al «conjunto de hojas excesivas e inútiles de una planta»; o a una «cosa que resulta inútil o innecesaria dentro de un conjunto, especialmente palabras en un discurso». Quizás esta última acepción aplique al proyecto del Gobierno para modernizar el Estado, que afectaría hasta el modo en que se tramitan los divorcios.

Actualmente rige la modificación al Código Civil que se aprobó en 2015 para agilizar el proceso de divorcio, así que el único requisito para la disolución del matrimonio es la voluntad de uno de los miembros de la pareja, sin que sea necesario justificar las causas de la separación. Así se disuelve el vínculo pero luego se acude a la Justicia para la división de bienes y la emisión de un acta.

Pero el proyecto de la Ley Hojarasca que impulsa el ministro de Desregularización, Federico Sturzenegger, tiende a recortar el rol de la Justicia en la vida matrimonial ya que los cónyuges podrían recurrir a un divorcio administrativo: el requisito para la disolución del vínculo es que sea de común acuerdo y luego quede asentada en el Registro Civil que les corresponda por su domicilio.

Para eso será necesario modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es donde figuran las causas de disolución del matrimonio: en la actualidad existen motivos como la muerte de un cónyuge o la sentencia judicial de divorcio, y a éstas se añadiría el concepto de divorcio administrativo.

«Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad«, se detalla entre los fundamentos del proyecto.

Previo a la modificación aprobada en 2015 era necesario esperar tres años desde el día del casamiento para poder comenzar el trámite de divorcio en la Justicia, y además había que presentar un motivo para solicitar la disolución del vínculo (por ejemplo, la infidelidad).