Denuncian a empresario que habría abusado a compañeros de su hijo

El abogado de las familias denunciantes reclamó la indagatoria y detención de Marcelo Porcel, hijo del fundador de Argencard. La causa reúne testimonios de al menos diez adolescentes del colegio Palermo Chico y peritajes informáticos. El imputado fue autorizado a viajar a Uruguay pese a los pedidos de la querella.

Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias que denunciaron a Marcelo Porcel por presuntos abusos a compañeros de colegio de su hijo, reclamó formalmente el 27 de noviembre la indagatoria y detención del empresario e hijo del fundador de Argencard. El letrado enfatizó que los avances de la causa constituyen un logro obtenido en soledad y criticó el enfoque expectante del juez asignado pese a la gravedad de las evidencias.

Según informó la agencia NA, Porcel, de 51 años, habría explotado los vínculos escolares de sus hijos como método para acercarse a jóvenes de entre trece y catorce años del colegio Palermo Chico. El abogado remarcó que la estrategia del empresario implicaba una matriz de conducta orientada a la captación de menores.

Los detalles surgen de declaraciones y elementos recopilados durante la investigación: los adolescentes eran invitados por Porcel a su domicilio en la torre Le Parc, así como a sus oficinas, lugares donde los habría incentivado a consumir alcohol y participar en apuestas ilícitas por medio de transferencias vía billeteras virtuales. Hawlena Gianotti explicó que «el fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores». Se hallaron imágenes de uno de los jóvenes obtenidas con una cámara oculta en una ducha, localizadas dentro de un celular secuestrado en la causa.

Pese a que la pesquisa penal contra Porcel se formalizó en 2024 tras revelaciones de 2022, el juez Carlos Bruniard, a cargo de la causa, aún no lo citó a declaración indagatoria ni ordenó su detención preventiva. Fuentes de la investigación explicaron a Infobae que esa citación sí fue pedida por el fiscal Pablo Turano pero la presentación de una nueva víctima por parte del querellante frenó el proceso.

Solamente se dispusieron medidas restrictivas que le impiden acercarse a las presuntas víctimas a una distancia menor de 300 metros, lo que incluye el colegio de los menores y el club GEBA donde estos practican deportes. En una entrevista televisiva, Hawlena Gianotti advirtió: «Esta persona siempre tuvo a las presas bajo su dominio. El depredador sigue a la manada: ¿dónde va a haber una nueva manada de presas? En el próximo colegio que los acepte».

Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal alertaron sobre el riesgo de que Porcel pueda buscar nuevas víctimas, dada la falta de detención y la limitada respuesta del sistema judicial. El representante legal de las familias reclamó una pena de cumplimiento efectivo. Las pruebas acumuladas incluyen testimonios en Cámara Gesell y peritajes informáticos que, para los denunciantes, resultan concluyentes.

El expediente, en trámite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, recopila al menos diez denuncias de alumnos del Colegio Palermo Chico, compañeros del hijo de Porcel. Según describieron fuentes del caso a Infobae, los hechos relatados incluyen reuniones organizadas en distintos domicilios y oficinas del acusado, donde los adolescentes eran incitados al consumo de alcohol y apuestas en línea.

Las declaraciones recabadas en el expediente detallan situaciones como masajes en las piernas de los menores tras partidos de fútbol, registros audiovisuales de adolescentes corriendo en ropa interior en la oficina de Porcel y la existencia de una fotografía en la que aparece un joven duchándose. Además, los denunciantes mencionaron que el empresario ofrecía dinero a cambio de que los chicos realizaran desafíos, como recorrer en calzoncillos la mesa de su despacho.

La denuncia original, impulsada por los padres de seis chicos, se formalizó a mediados de 2024. Con el correr de los meses, la querella añadió víctimas hasta alcanzar diez. Investigadores del caso explicaron a La Nación: «Son hechos de hace dos o tres años. Cuando los padres se enteraron, comenzaron a restringir la salida de sus hijos a esas reuniones organizadas por Porcel y, finalmente, saltó todo en 2024».

Los encuentros descritos por las víctimas se habrían desarrollado no solo en el domicilio familiar de Porcel en Palermo, sino también en un departamento vacío de su madre ubicado en la Torre Le Parc, Puerto Madero, y en oficinas del propio empresario. En todas estas oportunidades insistía en que los adolescentes permanecieran a dormir y solicitaba discreción absoluta, canalizando la comunicación a través de mensajes por WhatsApp.

La dinámica de las reuniones incluía desafíos de ingesta alcohólica, a veces con el incentivo de figuritas del Mundial Qatar 2022 o transferencias de dinero para realizar apuestas digitales. Sobre las apuestas, las fuentes aseguraron: «También les transfería plata para que jugaran on line y los promovía a apostar, aun cuando uno de los adolescentes tiene problemas de ludopatía».

En los expedientes consta que el acusado utilizaba el apodo de «el capitán» en los mensajes y que los encuentros donde se bebía por dinero se denominaban «Shubidubi». En el curso de la investigación, las autoridades allanaron domicilios y oficinas vinculados a Porcel, secuestrando computadoras y teléfonos para su análisis forense.

El empresario solicitó a la Justicia autorización para viajar a Punta del Este, Uruguay, entre el 17 de diciembre y el 5 de enero de 2026, arguyendo el casamiento de una sobrina. Tanto el juez Bruniard como el fiscal Turano accedieron a ese requerimiento, con el argumento de que no existe riesgo de fuga, el imputado posee arraigo en el país y carece de antecedentes penales. Actualmente Porcel se encuentra en el país vecino.

El proceso judicial permanece bajo secreto de sumario. Una vez que se completen los trámites procesales por la incorporación de una nueva víctima, el juez Bruniard tendrá la facultad de definir la convocatoria judicial del imputado.