Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone el desembolso de 11 mil dólares al condenado, en atención a la sentencia de un tribunal internacional que cuestionó los procedimientos judiciales locales

El Gobierno nacional abonará una indemnización al múltiple homicida Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez. Así lo establece el Decreto 577/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en cumplimiento de una sentencia dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado reconoce así la obligación de pagarle once mil dólares estadounidenses (USD 11.000) a Álvarez por concepto de daños material e inmaterial, tal como ordenó el tribunal internacional.

La decisión surge tras el fallo emitido por la CIDH el 24 de marzo de 2023 en el caso Álvarez vs. Argentina, en el que ordenó al Estado nacional indemnizar a “Concheto” Álvarez, quien fuera condenado y permanece identificado públicamente por múltiples homicidios. De acuerdo con la información oficial, el pago deberá efectuarse dentro del plazo de un año contado desde la notificación, ocurrida el 7 de noviembre de 2023.

El Estado fue notificado este martes de la resolución. “Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal”, expresa el comunicado emitido por la CIDH en referencia a la sentencia del “Caso Álvarez Vs. Argentina”.

Según el decreto presidencial, el monto dispuesto incluye 1.000 dólares por daño material y 10.000 dólares por daño inmaterial, sumas “fijadas en equidad”, en favor del reclamante. El texto detalla que la medida cuenta con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, que actuaron dentro de sus respectivas competencias

En sus considerandos, el decreto reitera la obligación de acatar las sentencias internacionales de derechos humanos tanto dentro del país como frente a la comunidad internacional.

El fallo bajo el expediente “Álvarez vs. Argentina” fue registrado formalmente en el país con la publicación del decreto firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Gerardo Werthein. El gasto requerido para cumplir esta medida será imputado a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, según indica la normativa oficial.

En noviembre de 2023, la Corte internacional declaró al país responsable de las violaciones de distintos derechos humanos en perjuicio del “Concheto” Álvarez, durante el proceso penal al que fue sometido en 1999 por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 1 de la Capital Federal.

La CIDH concluyó que, a raíz de diversas conductas desplegadas por ese Tribunal, “Argentina es responsable por la violación de los artículos 8.1 (garantías judiciales), 8.2 (presunción de inocencia), 8.2.c (derecho del inculpado al tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa), 8.2.d (derecho del inculpado a designar abogado defensor de su confianza), 8.2.e (derecho a la defensa técnica eficaz), 8.d.f (derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Al mismo tiempo, la Corte Internacional también, declaró “la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 8.2.h (derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento”, según el organismo en un comunicado difundido en ese momento.

El fallo ordenó que el Estado argentino realice una “revisión amplia de la sentencia dictada en su contra y de la condena impuesta, en coherencia con la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. Al mismo tiempo, que se pague “las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales”.

“Concheto” fue acusado de matar, el 28 de julio de 1996, al hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas de la Nación del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. De acuerdo a la investigación, le pegó dos balazos a la víctima durante el robo de su Mercedes Benz, frente a su hija y pese a que el hombre no se resistió.

Ese mismo día, habría cometido los asesinatos del policía, que estaba de franco, y de la estudiante, que festejaba un cumpleaños. Meses después de ser condenado, le adjudicaron el homicidio de Aranda, quien fue ultimado de un facazo en el pecho, muy cerca del corazón.

Según las crónicas que lo retrataron, hacía apología de sus propios delitos. “Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse. O tener la mujer más linda”, habría dicho cuando lo arrestaron en el chalet en el que vivía con su familia.

En su cuarto, los policías hallaron recortes del diario La Nación de 1972, donde aparecían los crímenes y las reconstrucciones ante la policía de Robledo Puch, el asesino serial conocido como el “Ángel Negro”.

Tanto a la prensa y como a los policías que lo arrestaron, les resultaba llamativa su apariencia, que salía de lo común. “Usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba le salía el lado salvaje, monstruoso, hasta parecía cambiar de forma”, indicaron.

A diferencia de sus cómplices, Álvarez pertenecía a una clase social acomodada y vivía en un barrio elegante de Acassuso, en la zona norte del conurbano. Su padre era dueño de dos cines y de un local comercial. Incluso, había estudiado en los institutos privados San Patricio y Nuestra Señora de Fátima, donde lo expulsaron cuando pasó el límite de 24 amonestaciones.

Al mismo tiempo, reclutaba “soldados” en villa La Cava, de San Isidro. Los peritos que lo trataron lo describieron como “un narcisista, un psicópata perverso”. Su banda de “nenes bien” tenía como principal blanco los restaurantes de lujo. Una de sus primeras víctimas fue el miembro del directorio de la petrolera Esso, a quien le robaron un Rolex, el celular, dinero y su Honda Accord. También entraron a robar en Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia, Camerún, Harry Cipriani y La Biela.

En diciembre de 2015, los camaristas Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y le concedieron la libertad. Pero fue detenido meses después por un intento de salidera.

En abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, firmó -junto a otros tres internos- el acuerdo con los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, que frenó un motín en cárcel de Devoto, donde permanece encerrado y donde consiguió recibirse de abogado y llevar adelante su propia defensa.

Guillermo Antonio Álvarez está alojado en el penal de Devoto, fuera del régimen de condenados, debido a que está pendiente la realización de un nuevo juicio por dos de los feroces crímenes que le adjudican. Por qué su caso es único

El múltiple asesino Guillermo Antonio Álvarez -apodado “El Concheto”-, encerrado en el penal de Devoto, volvió a ser noticia debido a que el Estado argentino le pagará una millonaria indemnización (22 mil dólares, unos $15.000.000) acorde al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) que entendió que hubo serias irregularidades en el proceso en el que se determinó su condena a prisión perpetua.

En el mismo fallo, de julio de 2023, se ordenó revisar la pena. Al año siguiente, la Cámara de Casación decidió anular el fallo que data de 1999 y sorteó un nuevo tribunal para que vuelva a juzgarlo por los crímenes de la estudiante María Andrea Carballido y el subinspector de la Policía Federal Fernando Aguirre, asesinados en 1996 en un golpe al pub Company de Belgrano. El recluso espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Esa situación generó que el exlíder de “los nenes bien”, a quienes reclutó en barrios vulnerables de San Isidro, salga del régimen de condenados del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Un aspecto que, a su entender, influyó negativamente en su vida dentro de la prisión.

La última presentación del múltiple asesino ante la Justicia de Ejecución Penal tiene fecha del 30 de diciembre de 2024, es decir, a muy pocas horas del último receso de verano, cuando jueces y empleados judiciales dejan los despachos para disfrutar sus vacaciones.

Fuentes del caso indicaron a Infobae, que su defensora oficial, María Guadalupe Vázquez Bustos, hasta ese momento, presentó una queja en ese sentido. Sucede que al perder la categoría de preso condenado, las autoridades penitenciarias decidieron desafectar a “El Concheto” del programa de tratamiento individual y de las actividades laborales y educativa.

Esta situación fue considerada como una “involución” por la abogada, que remarcó, además, que tras la decisión de la Sal II de la Cámara que anuló el fallo, el homicida se encuentra en una “situación peor” que la previa al dictado de ese fallo.

Por ese motivo, reclamó que se remedie ese escenario. Al mismo tiempo, solicitó que se arbitren las medidas para no frustrar la expectativa que Álvarez tiene de acceder, eventualmente, a salidas transitorias y libertad condicional. Esto, independientemente, de lo que se defina sobre el nuevo juicio que deberá llevarse en su contra.

Fuentes de la Justicia de Ejecución indicaron que el caso de Álvarez es único. “No tenemos otros casos en los que se ordena un nuevo juicio y el ex condenado continúe en prisión”, aseguraron.

Por su lado, fuentes penitenciarias, consultadas por este medio, minimizaron la situación y remarcaron que la situación del afamado criminal es similar a la que transita una gran parte de la población carcelaria, que espera la revisión de sus penas.

“El Concheto” fue acusado de matar, el 28 de julio de 1996, al hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas de la Nación del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. De acuerdo a la investigación, le pegó dos balazos a la víctima durante el robo de su Mercedes Benz, frente a su hija y pese a que el hombre no se resistió.

Ese mismo día, habría cometido los asesinatos del policía, que estaba de franco, y de la estudiante, que festejaba un cumpleaños. Meses después de ser detenido, le adjudicaron el homicidio de Julio Elbio Monito Aranda, un compañero de pabellón, que fue ultimado de un facazo en el pecho, muy cerca del corazón.

Según las crónicas que lo retrataron, hacía apología de sus propios delitos. “Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse. O tener la mujer más linda”, habría dicho cuando lo arrestaron en el chalet en el que vivía con su familia.

En su cuarto, los policías hallaron recortes del diario La Nación de 1972, donde aparecían los crímenes y las reconstrucciones ante la policía de Robledo Puch, el asesino serial conocido como el “Ángel Negro”.

Tanto a la prensa y como a los policías que lo arrestaron, les resultaba llamativa su apariencia, que salía de lo común. “Usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba le salía el lado salvaje, monstruoso, hasta parecía cambiar de forma”, indicaron.

A diferencia de sus cómplices, Álvarez pertenecía a una clase social acomodada y vivía en un barrio elegante de Acassuso, en la zona norte del conurbano. Su padre era dueño de dos cines y de un local comercial. Incluso, había estudiado en los institutos privados San Patricio y Nuestra Señora de Fátima, donde lo expulsaron cuando pasó el límite de 24 amonestaciones.

Al mismo tiempo, reclutaba “soldados” en villa La Cava, de San Isidro. Los peritos que lo trataron lo describieron como “un narcisista, un psicópata perverso”. Su banda de “nenes bien” tenía como principal blanco los restaurantes de lujo. Una de sus primeras víctimas fue el miembro del directorio de la petrolera Esso, a quien le robaron un Rolex, el celular, dinero y su Honda Accord. También entraron a robar en Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia, Camerún, Harry Cipriani y La Biela.

En diciembre de 2015, los camaristas Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y le concedieron la libertad. Pero fue detenido meses después por un intento de salidera.

En abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, firmó -junto a otros tres internos- el acuerdo con los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, que frenó un motín en cárcel de Devoto, donde permanece encerrado y donde consiguió recibirse de abogado y llevar adelante su propia defensa.