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Alquilaban fincas en Salta para ocultar droga: tenían más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates
Imputaron a los líderes de la banda y a un integrante. La investigación comenzó en enero, cuando en un operativo de Gendarmería se hallaron 30 kilos de cocaína ocultos en un camión que transportaba berenjenas
Una investigación judicial en Salta permitió desmantelar una organización narcocriminal que alquilaba fincas agrícolas para ocultar grandes cargamentos de cocaína, utilizando plantaciones de hortalizas como pantalla. El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates en Colonia Santa Rosa. En las últimas horas, imputaron a los líderes y un integrante de la banda, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de 90 días.
La investigación comenzó en enero pasado, cuando una denuncia anónima llevó a Gendarmería Nacional a realizar un operativo en una estación de servicio de Pichanal. Allí, un camión que transportaba cajones de berenjenas fue requisado con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”, que detectó 30 kilos de cocaína camuflados entre la carga. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas —incluidos el conductor del camión y ocupantes de un automóvil que oficiaba de apoyo logístico— y se inició una investigación más amplia bajo la dirección del fiscal federal de Orán, Marcos Romero.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y el testimonio de tres arrepentidos permitió a la fiscalía identificar a dos hermanos, A.R. y J.R., como jefes de la organización, y al ciudadano venezolano J.B. como parte del grupo. El trabajo de los investigadores estableció que la banda arrendaba fincas en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras, pero el verdadero objetivo era utilizar estos predios como depósitos de droga, que ingresaba desde Bolivia y era almacenada de manera clandestina.
Durante la pesquisa, se detectó que los líderes de la banda alquilaron al menos tres terrenos agrícolas y utilizaban vehículos para desplazarse entre las distintas fincas, simulando tareas rurales. En uno de los inmuebles funcionaba el pool “El Bunker”, donde coordinaban el acopio y movimiento de la droga, y también se identificó la utilización de un local bailable y viviendas particulares para actividades conexas.
La investigación se profundizó con la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y de J.B., lo que permitió a la fiscalía obtener evidencia sobre el inminente movimiento de un gran cargamento de estupefacientes. A partir de estas pruebas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó ocho allanamientos simultáneos con intervención de Gendarmería Nacional. En una de las fincas, los agentes hallaron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas con 171,45 kilos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. Además, se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas, dos automóviles, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.
El juez Montoya declaró la legalidad de la detención de los tres principales acusados, admitió la imputación fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días, además de autorizar peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Los hermanos y el ciudadano venezolano fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y los dos primeros también por transporte de estupefacientes agravado.
La defensa de los imputados solicitó el arresto domiciliario, pero la fiscalía rechazó el planteo y advirtió que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional por otra causa en Salta, y uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en un juzgado de Lanús. El juez finalmente rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la prisión preventiva, fundamentando su decisión en la gravedad y logística de la organización, los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación.
La causa, a cargo del fiscal Marcos Romero, sigue abierta con la expectativa de nuevos avances. La fiscalía solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos para identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el circuito completo de la organización, que mostraba un poderío económico y logístico significativo, con conexiones en diferentes puntos del país y vínculos con el tráfico internacional.