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sábado 18 de mayo de 2024

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Córdoba presentará un amparo ante la Justicia por la norma del BCRA que la obliga a pagar con fondos propios

El gobierno de Juan Schiaretti rechazó la decisión del Banco Central que le impide a las jurisdicciones acceder al mercado oficial para hacer frente la totalidad de sus compromisos. En diez días debe afrontar un pago de USD 145 millones

La nueva medida del Banco Central dispuesta esta tarde para forzar a las provincias con deuda en el exterior a pagar con sus propios dólares abrió un nuevo frente de batalla para el Gobierno en la Justicia, con un reclamo que probablemente se termine resolviendo en la Corte Suprema.

La decisión del BCRA de otorgarles divisas a las jurisdicciones endeudadas en moneda dura a través del mercado oficial sólo por el equivalente al 40% de cada vencimiento, las obliga a disponer de sus propios excedentes para afrontar el pago del 60% restante o bien reestructurar esas obligaciones, trámite imposible ante la inminente vigencia de la medida que entrará a regir mañana.

En ese esquema, Córdoba surge como una de las provincias más afectadas y, sobre todo, la primera. Junto con Salta y la Ciudad de Buenos Aires, las tres jurisdicciones pudieron hacer frente hoy a pagos de deuda por un total de USD 84 millones, antes de la oficialización de la nueva normativa. Pero en menos de dos semanas, la provincia gobernada por Juan Schiaretti deberá hacer frente a un nuevo pago, mucho mayor a los USD 18 millones que desembolsó hoy, cuando opere un vencimiento por un total de USD 145 millones.

Previsiblemente, la norma del BCRA cayó como un balde de agua fría en la gobernación cordobesa, donde se preparan para presentarse ante la Justicia. El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, lo confirmó a Infobae. “Estamos trabajando en una presentación judicial cuestionando la legalidad de la medida” dijo, y destacó: “somos los primeros”. Se refirió así a que, en términos prácticos, la aplicación de la nueva medida debutará el 10 de junio, cuando está agendado el vencimiento de capital e intereses.

El dato no es menor ya que, en caso de prosperar una medida judicial, podría sentar precedente para los casos siguientes hasta fin de año. En un comunicado, el gobierno provincial ratificó que “la provincia de Córdoba rechaza la Resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que niega a las provincias el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único de Cambio para la amortización de deudas en moneda extranjera”.

Según sostuvo, la medida, a la que calificó de imprevista, “es discriminatoria y anti federal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias; más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional”.

Con ese argumento, la provincia buscará un fallo a favor, el cual, de producirse, beneficiará a otras provincias, principalmente opositoras. Es que en julio, por ejemplo, el vencimiento más alto correspone a Chubut con USD 25 millones mientras que en agosto le llegará el turno a Entre Ríos por un total de USD 44 millones entre capital e intereses. Vale aclarar que la norma aplica sólo al pago de capital.

Pero el calendario se pone muchos más exigente tras las PASO pero antes de las elecciones de octubre: en septiembre, por caso, Mendoza y Jujuy serán las más afectadas cuando deban girar al exterior USD 56 millones y USD 28 millones, respectivamente. También el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires deberá hacer frente ese mes a un voluminoso pago, de USD 163 millones, que escapará a la normativa del BCRA porque se trata de pago de intereses. Siempre y cuando haya disponibilidad de dólares.

Precisamente, el objetivo de la medida del Central es evitar que el pago de deudas de las provincias y las empresas siga afectando el resultado de la entidad en el mercado cambiario. Fuentes oficiales remarcaron que en el pimer semestre, las provincias en su conjunto hicieron frente a vencimientos de capital por USD 315 millones.

De acuerdo a los términos de la comunicación de la autoridad monetria, la nueva norma establece que las jurisdicciones “deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años”.